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UN NUEVO IMPULSO AL ARBITRAJE : LA REFORMA DE 2011

El B.O.E. de 21 de Mayo 2011 publica la Ley 11/2011 de reforma de la Ley 60/2003 de Arbitraje que se aprovecha para dotar también a la Administración institucional de este modo de solución de conflictos.

En el ámbito del derecho privado debe decirse que la reforma, de inicial más amplio calado, supone un avance y una facilitación del arbitraje al haber dejado de lado ciertas modificaciones iniciales técnicas no siempre demandadas, necesarias ni favorecedoras en la práctica del instituto que así se consolida.

UN NUEVO IMPULSO AL ARBITRAJE : LA REFORMA DE 2011

El B.O.E. de 21 de Mayo 2011 publica la Ley 11/2011 de reforma de la Ley 60/2003 de Arbitraje que se aprovecha para dotar también a la Administración institucional de este modo de solución de conflictos.

En el ámbito del derecho privado debe decirse que la reforma, de inicial más amplio calado, supone un avance y una facilitación del arbitraje al haber dejado de lado ciertas modificaciones iniciales técnicas no siempre demandadas, necesarias ni favorecedoras en la práctica del instituto que así se consolida.

Subsiste el arbitraje de equidad -opción que no podía desaparecer de las posibilidades de resolver un conflicto-, lo que da contenido a la libertad de pacto. Subsiste también la declinatoria como modo de obstar el trasvase del conflicto del arbitraje a la jurisdicción pues si hay algo que debilita al arbitraje es la jurisdicción “compartida”, más allá de lo estrictamente necesario, pues puede casar mal con las implicaciones del principio Kompetenz Kompetenz (art. 22 de la L.A.) tan esencial al arbitraje.

El salto cualitativo de la reforma radica en dar carta de naturaleza legal al arbitraje societario, al que denomina  “arbitraje estatutario”,  al poner fin a incertidumbres del pasado y abre la puerta a ventilar por este cauce todos los conflictos del entorno societario al que se podrá acceder también por modificación de los estatutos por medio de una mayoría cualificada de dos terceras partes.

Desaparece la conflictiva distinción de laudo firme y laudo definitivo que había creado no pocos conflictos en sede jurisdiccional y se posibilita la corrección de excesos o defectos en el laudo cuyo retraso no es claramente causa de anulación per se sin perjuicio de las responsabilidades a que ello dé lugar. Éste aspecto aunque quizás puede favorecer un mejor encaje de las prejudicialidades y otras incidencias en el curso del arbitraje, también puede dar lugar a dudas en su aplicación pues el tiempo breve debe de ser una característica esencial del arbitraje.

El legislador apuesta claramente por el arbitraje administrado por instituciones al ser el único permitido en los conflictos societarios encomendándoles el deber de velar por el cumplimiento de las condiciones de capacidad de los árbitros y por la transparencia de su designación, aspecto éste promovido por el TAB. Se inicia con la reforma cierta regulación de dichas instituciones.

Se amplia, en contemplación de “un mayor acoplamiento  a la libre competencia”, los profesionales que pueden ser árbitros y que desde ahora abarca toda la categoría de “jurista”.

La competencia de los órganos jurisdiccionales se varía a favor de los Tribunales Superiores de Justicia manteniéndose la ejecución en los Juzgados de primera  instancia.

Finalmente el concurso no va a ser por si sólo impedimento a la sustanciación del arbitraje, lo que entraña un avance.

La reforma supone lógicamente la modificación de ciertos preceptos de la LEC y de la LOPJ que se citan en la nueva ley.

© TAB

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