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Acceda al Anexo del Reglamento del TAB (en vigor desde el 1 de marzo)

Todo conflicto conlleva un coste. Pero para poner las cosas en su sitio hay que hablar del coste íntegro de solucionar un conflicto no de una sola fase. Es equivocado pretender que el coste de la solución de un conflicto es sólo el de los honorarios de los abogados porque el coste real del conflicto ni siquiera es el resultado de sumarle a dichos honorarios los de otros profesionales que intervendrían en un pleito como los Procuradores de los Tribunales, los Notarios, los peritos que dictaminan etc. Debemos tener en cuenta no solamente los costes directos sino también los costes indirectos que se generan.

Un conflicto nos crea problemas, muy frecuentemente de bloqueo de oportunidades o de decisiones, generando una incertidumbre o prolongando el padecimiento de situaciones injustas o que contrarían o limitan nuestros derechos. En consecuencia, es de suma importancia valorar elementos tales como la rapidez en la obtención de una solución al conflicto, la confidencialidad del arbitraje, la especialización del árbitro.

En el TAB entendemos que con el arbitraje se produce ahorro porque se “pasa página” mucho antes y es mucho más eficiente.

En el establecimiento del coste final del arbitraje repercuten de forma significativa dos conceptos:

  1. las costas de abogados y peritos -que no tienen porqué diferir de las de la jurisdicción ordinaria-  y,
  2. la retribución de la institución arbitral y del árbitro.

 

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