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  • Rapidez y mayor disponibilidad de quien resuelve.
    El procedimiento arbitral es un procedimiento rápido y muy ágil en el que las partes pactan los plazos en los que se van a llevar a cabo las distintas actuaciones en el proceso. Salvo acuerdo en contra de las partes, éstas obtienen una solución a sus conflictos en un plazo de seis meses desde la contestación a la demanda. La rapidez con la que se desarrolla el procedimiento viene favorecida por la mayor disponibilidad y dedicación que tienen los árbitros en comparación a los jueces de los tribunales de justicia.
  • La flexibilidad e inmediatez del procedimiento arbitral evitan demoras innecesarias y evitan también el deterioro de las relaciones comerciales existentes entre las partes. Supone para ellas una fórmula que las ayuda a resolver un conflicto puntual y a pasar página nueva con vistas a un futuro mejor, evitando truncar sus relaciones y paralizar proyectos dependientes o influenciados por el conflicto.
  • Economía.
    El procedimiento arbitral resulta en conjunto mucho más económico y rentable para las partes que un procedimiento tradicional. La razón principal radica en que el procedimiento arbitral finaliza con un laudo que es definitivo y firme y en consecuencia ejecutable, sin que pueda ser recurrido en apelación ni casación. Es decir, en una instancia se obtiene una solución definitiva y sin más sobrecoste que el producido por el propio arbitraje. Además, no es precisa la intervención de otros profesionales aunque resulta recomendable la intervención en el proceso mediante representación Letrada.
  • Confidencialidad.
    La confidencialidad es no sólo una ventaja sino una característica del arbitraje y uno de los motivos que lleva a muchas personas a optar por el arbitraje como sistema de resolución de conflictos, ya que garantiza a las partes que no se dará ningún tipo de publicidad a las cuestiones resueltas mediante arbitraje. Esta característica del arbitraje es de suma importancia cuando se tratan cuestiones tales como derecho de la competencia, propiedad industrial, propiedad intelectual, temas patrimoniales familiares y otras muchas cuestiones. El deber de confidencialidad obliga a las partes, al árbitro y a la propia institución arbitral.
  • Especialidad: Soluciones técnicas a conflictos complejos.
    Los árbitros designados por el TAB son profesionales especialistas en la materia jurídica que es objeto de arbitraje y conocedoras del sector de negocio en el que se desarrolla la actividad (Criterios de cualificación). Con ello se garantiza la calidad de los laudos (equivalentes a sentencias judiciales) porque las decisiones están basadas en el conocimiento profundo de la materia y en la experiencia profesional en el sector.
  • Eficiencia y eficacia.
    El arbitraje del TAB garantiza la eficiencia de las personas intervinientes en nombre de la institución y de los árbitros designados por ella así como la eficacia de las resoluciones que dictan los árbitros. La mayoría de los laudos dictados en arbitrajes del TAB se cumplen voluntariamente, sin que sea necesaria su ejecución judicial.