a) Convenio arbitral (cláusula) en contrato o estatutos:

Para acceder al arbitraje administrado por el TAB a fin de resolver sus conflictos surgidos o aquellos que puedan surgir en el futuro, las partes deben incluir una cláusula arbitral tipo (Cláusula arbitral tipo)  El convenio pactado debe expresar la voluntad expresa de las partes de someter sus conflictos al arbitraje del TAB en los contratos que suscriban o en los estatutos de las sociedades que constituyan. También pueden pactar la sumisión a arbitraje en un documento independiente o incluso mediante un cruce de cartas, faxes, u otro tipo de comunicaciones telemáticas que dejen constancia del acuerdo.

Una vez pactado, el arbitraje deviene obligatorio para las partes e impide a los tribunales de justicia conocer de las controversias sometidas a arbitraje cuando la parte interesada alegue la existencia de un convenio arbitral.

b) No hay cláusula arbitral, pero me interesa aceder al arbitraje.

Cabe la posibilidad de llegar a un acuerdo con la otra parte para acceder al arbitraje. El TAB puede facilitar ese acuerdo poniéndose en contacto con la otra parte o con sus abogados. Consúltenos.

c) Pasos a seguir para iniciar un arbitraje TAB.

El procedimiento arbitral se inicia con a instancia de solicitud (Modelo de instancia introductoria)  que la parte instante debe cumplimentar y presentar en la Secretaría del TAB. A dicha instancia deberá acompañar el contrato, los estatutos o cualquier otro documento en el que aparezca el convenio arbitral del que derive la competencia del TAB para la administración del arbitraje.

La presentación de la instancia da lugar al pago de una tasa de registro (Tarifas) sin cuyo abono el TAB no podrá iniciar los trámites del procedimiento introductorio, es decir, aquellos que tienen por objeto ordenar las cuestiones procesales previas que deberán conducir al inicio del procedimiento arbitral propiamente dicho, que se sustanciará ante el árbitro.

A partir de este momento, el TAB emplazará a la parte contra la cual se haya presentado el arbitraje (parte instada) e irá instruyendo a las partes de los sucesivos trámites.

d) ¿Cómo funciona un arbitraje?

El procedimiento arbitral se caracteriza por la falta de formalismos y por la flexibilidad con la que las partes y el árbitro -tercero neutral que resuelve la controversia- pueden modelar el curso del procedimiento, estableciendo las fases y plazos que estimen convenientes en consideración a sus propias necesidades fácticas y tácticas.

La Ley de Arbitraje 60/2003, de 23 de diciembre es la ley aplicable al procedimiento. Dicha ley establece los principios procesales fundamentales que deben regir todo arbitraje, apartándose de los formalismos y de la rigidez del procedimiento judicial. Fomenta la flexibilidad y es antiformalista, tanto en lo que se refiere a la forma de los escritos como a su contenido. La flexibilidad se extiende también a la fase de prueba a cuyo respecto, la ley regula únicamente la posibilidad de nombramiento de peritos por parte del árbitro.

El procedimiento arbitral termina normalmente mediante la decisión final adoptada por el árbitro, a la que se denomina laudo. El laudo es un título ejecutivo, vinculante para las partes, que surte los mismos efectos de una sentencia.

e) ¿Cuánto dura un arbitraje?

El plazo del que dispone el árbitro para dictar el laudo es de seis meses a contar desde la fecha de contestación de la parte instada (demandada) a las alegaciones de la parte instante (actora). Esto supone que, al iniciar el procedimiento arbitral, las partes ya conocen la fecha en que su conflicto quedará resuelto sin más dilaciones.

El laudo se notifica a las partes, las cuales, si procede, pueden solicitar aclaraciones, correcciones o complemento dentro de los plazos establecidos legalmente. El laudo, y en su caso la resolución del árbitro a las aclaraciones, correcciones o complemento solicitados, ponen fin al procedimiento y a la actuación del árbitro.

Contra el laudo definitivo solamente cabe la acción  de anulación por defectos formales o por vulneración de los principios fundamentales del ordenamiento jurídico.